Diputados
Ciudadanos recaban firmas de diputados para presentar acción de
inconstitucionalidad contra el Art. 29 de la Ley 3de3
“No aceptamos que hoy se agote la
discusión del Sistema Nacional Anticorrupción sin darle al país la Ley 3 de 3
que se merece”, dijo el coordinador de los Diputados Ciudadanos, Clemente
Castañeda, durante el debate del veto del Ejecutivo al artículo 32 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
En la sesión, el Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano instaló una mesa para recabar las 167 firmas de
diputados que se necesitan para emprender una acción de inconstitucionalidad
contra el artículo 29 de la misma Ley, que impide hacer públicas las
declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, como plantea el espíritu de la
iniciativa presentada por 634 mil ciudadanos.
Dio a conocer que la bancada del PRD
se sumó a esta iniciativa de la Bancada Ciudadana, que tiene como propósito
corregir la Ley aprobada. Hasta ahora, subrayó, el saldo que vamos a entregar
en el Sistema Nacional Anticorrupción será negativo, oscurecido por no respetar
la voluntad ciudadana expresada en la iniciativa original 3 de 3. “No le
fallemos al país”.
Movimiento Ciudadano –advirtió– ha
sostenido que el veto del presidente es insuficiente y que debió apuntar al
fondo del problema, el artículo 29 de la Ley.
“Jurídicamente no es posible ampliar
esta discusión a los artículos no observados por el Poder Ejecutivo, pero
tenemos un compromiso ético y no podemos caer en la trampa de agotar la
discusión”, dijo Castañeda. “El gobierno y su partido se equivocaron. Su
revancha contra el sector empresarial dejó en ridículo al Poder Legislativo, y
lo que es peor, hoy buscan agotar este debate en la verdadera discusión o en la
discusión que deberíamos estar dando sobre el 3de3.
Nosotros, agregó, comprendemos la
posición de algunos grupos parlamentarios de votar en contra de este dictamen,
uno con argumentos de forma, otros con argumentos de fondo.
“Nosotros lo decimos con toda
claridad, no necesitamos tomar como rehén la discusión de una pieza legislativa
para enviarle un mensaje al PRI y a sus aliados, tampoco para enviarle un
mensaje claro al presidente de la República en medio de este debate de
polarización, no sólo por este tema, sino por la polarización social que vive
el país”.
Lo que sí es necesario, advirtió el
coordinador de la Bancada de los Ciudadanos, es que El PRI y el gobierno den al
país una explicación convincente de por qué impulsaron una reforma al artículo
32 con errores, porque nadie cree que no se dieron cuenta sus 54 senadores, sus
208 diputados ni el presidente de la República que el día 15 de junio celebró
con todas sus letras, la aprobación de dicha reforma.
“En torno al veto sobre el artículo
32 lo que hemos escuchado son una serie de argumentos –entre comillas– que son
verdaderamente irrisorios por decir lo menos. Han dicho que no se dieron
cuenta, que se presentó una reserva de último momento, que no tuvieron tiempo
de revisarla. Incluso han concedido que hay una redacción ambigua en el
artículo 32”.
“Por eso frente a ello no queda más
que sospechar qué está detrás de la redacción del artículo 32, y lo que
nosotros decimos, y lo decimos de frente, es que quizá el PRI y sus aliados lo
que quisieron es enviarle un mensaje al sector empresarial, un mensaje de
revanchismo por la insistencia de una parte de ese sector en insistir en una
aprobación de un 3 de 3 completo, obligatorio y público”.
Castañeda citó tres argumentos que
son pilares de esta discusión que pudiera ser motivo de un pronunciamiento de
la Suprema Corte de Justicia.
- La redacción del
artículo 29, explicó, impide el ejercicio pleno del derecho de acceso a la
información garantizado en la Constitución, ya que es contradictoria,
porque por un lado sostiene la publicidad de las declaraciones, y por el
otro, la condiciona a la posible afectación de la vida privada de un
servidor público, lo que sea que esto signifique.
- El artículo 29
establece mecanismos de control y supervisión sobre la actuación de los
servidores públicos mediante la publicación de sus declaraciones, cosa que
no se cumple con su redacción porque es inoperante e ineficaz, ya que el
objetivo de la norma queda sujeto a la condición de la posible afectación
de la vida privada.
- Y, finalmente, porque
el artículo 6o constitucional es muy claro al señalar que la información
considerada confidencial o que pueda afectar la vida privada, será
protegida en los términos y con las excepciones que fije la ley.
“Es decir, esta es una prerrogativa
exclusiva del Poder Legislativo que se tiene que valorar mediante una prueba de
interés público para establecer qué datos personales pueden difundirse y cuáles
no. En este sentido, lo decimos con todas sus letras, el artículo 29 es
inconstitucional porque le confiere esta facultad a un comité que deberá
considerar la posible afectación de la vida privada”.
La diputada Candelaria Ochoa dijo
que en el tema de la corrupción siempre hay dos, el que ofrece y el que recibe,
o el que pide y el que da, por lo que Movimiento Ciudadano insiste en la
importancia de empezar por las cuentas claras de los funcionarios público, por
medio de la declaración 3 de 3, para que las y los ciudadanos que voten por una
autoridad sepa quién es, con cuánto llega y con cuánto dinero se va del cargo.
“También dijimos que cualquier
recurso público debía ser fiscalizado, que todos los entes sujetos privados que
reciban un recurso público, deben ser fiscalizados, eso es lo que queremos y
eso es lo que hoy les venimos a decir desde esta tribuna”.
Por su parte, el Diputado Jorge
Álvarez Máynez dijo que el veto enviado por el presidente es la confirmación de
la cultura de los diputados levanta dedos y al servicio del Poder Ejecutivo.
“Este veto presidencial lo que nos
viene a decir es que la cultura política del “levanta dedos” sigue. Este veto
es una humillación para el grupo parlamentario del PRI. El presidente les puede
ordenar que no le muevan ni una coma a un dictamen y 15 días después les ordena
que voten lo que no quisieron votar a propuesta de diversos grupos
parlamentarios del PAN, del PRD y de MC, en reservas que presentamos en tiempo
y forma a este poder legislativo. Y lo que da lugar a esta discusión es un
enfrentamiento entre esas formas viejas de hacer política, de quienes vienen
aquí a comportarse como levanta dedos, y las nuevas formas de hacer política”.
Además Álvarez Máynez hizo un
llamado a Ricardo Anaya a hacer un pronunciamiento público sobre la acción de
inconstitucional que está promoviendo la Bancada de los Ciudadanos.
“Si le quiere entrar al tema de la
Ley 3 de 3, la acción de inconstitucionalidad es el instrumento idóneo… Si le
quiere demostrar a la nación que es un actor congruente, debería de sumarse a
esta acción de inconstitucionalidad… ¿O sólo va a usar el 3 de 3 como un tema
de cálculo electoral para irle a ganar debates facilones a los dinosaurios de
la política mexicana como Manlio Fabio Beltrones? ¡Que le entre al tema de
fondo!”.
