En las sesiones extraordinarias del Congreso, también se tomó protesta a nuevo legislador y al Fiscal para Asuntos Electorales.
Con la precisión de las bancadas de los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respecto al incumplimiento del plazo para que el Gobierno del Estado construyera y equipara las instalaciones para instaurar los juicios orales en el distrito judicial con cabecera en Puerto Vallarta, los legisladores aprobaron hoy una prórroga hasta el 15 de marzo, es decir, 60 días más.
Antes de la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, con este propósito, las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, efectuaron una reunión conjunta en la que votaron a favor el dictamen por el cual se reformó la fracción II del artículo primero del diverso 24864, por el que se emiten las declaraciones de incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al Orden Jurídico del Estado de Jalisco.
El diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, abordó la tribuna y dijo que “todas las fracciones parlamentarias cooperamos y abrimos la puerta al diálogo para impulsar esta reforma que llevaba estancada muchos años en el estado”, incluso en algunas ocasiones a marchas forzadas para sacar adelante las reformas a todos los ordenamientos inherentes, incluida la Constitución Política del Estado, y crear nuevos.
Hizo notar que en contraste otras instituciones del estado no han cumplido con su parte, citó el retraso en la construcción de los juzgados de Puerto Vallarta, a cargo del Poder Ejecutivo, y “ha excluido al Poder Judicial, hasta donde tenemos entendido, del proceso de evaluación de los proyectos arquitectónicos, que ha generado una descoordinación con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal”.
Recordó el legislador Castañeda Hoeflich, que en abril pasado el Gobernador solicitó al Congreso la autorización de una deuda de 650 millones de pesos para la construcción de las salas y otros proyectos del nuevo sistema. “Cuestionamos la falta de claridad y la deliberada antigüedad del proyecto, que abría la puerta al manejo discrecional de recursos en la asignación de obras. Hoy, esta sospecha se confirma, ya que el proyecto ejecutado ni siquiera ha sido socializado y consensuado con el Poder Judicial. Además, el Gobierno del Estado ni siquiera presentó la iniciativa para modificar el decreto de entrada en vigor del nuevo sistema.
Por su parte, el diputado Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, también hizo un recuento de lo acontecido y lo que se dejó de hacer, para cambiar la fecha de inicio de los juicios orales en el distrito judicial de Puerto Vallarta. El decreto para modificar la Constitución federal, sobre el nuevo sistema penal acusatorio, se publicó en el 2008 y aquí se aprobó seis años después, en abril pasado.
Coincidió en que al aprobarse el crédito de 650 millones de pesos demuestra que no ha faltado apoyo al Ejecutivo, de parte del Congreso, además de autorizarse un cronograma para que entrara en vigor de manera escalonada, empezando por el distrito con cabecera en Zapotlán El Grande. Igualmente con muchos tropiezos para que iniciara, lo que demuestra la distracción que afecta a las autoridades del estado por cuestiones políticas y electorales.
“A dos días del arranque para Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán San Sebastián del Oeste y Mascota, las instalaciones aun no están construidas ni los jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial, destinados para cumplir con tan importante labor. No es posible que no sólo se repita la situación de Zapotlán El Grande, sino que peor aún, el caso de Puerto Vallarta lleva un mayor retraso”, lo que deja a Jalisco como los peor calificados, y falta coordinación entre poderes, por lo que es necesario que la Contraloría inicie los procedimientos y sanciones a los responsables, no obstante todas las facilidades otorgadas por el Legislativo.
El diputado Héctor Pizano Ramos, presidente de la Comisión de Justicia y del Partido Revolucionario Institucional, respondió que efectivamente en virtud de la disposición de los legisladores y de un trabajo responsable de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la que él preside, se pudo sacar adelante este trabajo en dos años, lo que pudo haberse hecho hace seis, mediante la coordinación entre los tres poderes, lo que permitió las reformas y que Jalisco fuera el primer estado en armonizar la legislación al 100 por ciento.
Sin embargo, precisó que las salas construidas en Zapotlán El Grande sí cumplen con los requerimientos y bajo estos principios es como se ha venido trabajando en Puerto Vallarta. Por lo tanto, las especificaciones son cubiertas, pero es necesario atender los planteamientos del Consejo de la Judicatura y el Titular del Poder Judicial, para “atender señalamientos que tienen que ver con una visión que será en beneficio de los ciudadanos, y quienes allí laborarán en la impartición de justicia”.
Por lo tanto, la ampliación del plazo hasta el 15 de marzo, es a solicitud del Poder Judicial y de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que todavía no concluye los trabajos de construcción, y en su caso la convocatoria, selección y elección de los más de 60 jueces que operen este sistema en la sedes y las fechas que ha determinado el Congreso, a través del decreto y que durante 2015 y hasta febrero de 2016 deberán de operar, para que Jalisco pueda culminar el largo proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal, y aporte los beneficios a los ciudadanos.
Finalmente, el diputado Enrique Velázquez González, coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, dejó en claro ante el Congreso y la opinión pública que se ha apoyado en todo la reforma, y no obstante el retraso que había, la actual Legislatura se puso al corriente de fijar plazos junto con el Ejecutivo, buscar la vinculación con el Poder Judicial, y facilitar los procesos.
No obstante, hoy se amplía un plazo en 60 días por falta de cumplimiento, aunque se aprobaron 16 reformas y se pudo avanzar e inauguró apresuradamente en Ciudad Guzmán, en lo que el Legislativo actuó con responsabilidad, “también tenemos que señalar a aquellos que demuestran una total irresponsabilidad”, por lo que debe quedar claro el día hoy. Afirmó que se votaría a favor, pero que ya no debe permitirse una irresponsabilidad más.
Nuevo legislador
Al inicio de la sesión extraordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, diputado J. Trinidad Padilla López, tomó la protesta de ley al nuevo legislador Felipe de Jesús Rivera Gallegos, por el Acción Nacional, quien suple al diputado con licencia Gildardo Guerrero Torres.
Fiscal Electoral
En la primera sesión extraordinaria del Pleno, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, también tomó la protesta de ley al licenciado Ricardo Suro Gutiérrez, como Fiscal Especial en Materia de Delitos Electorales, por lo que a partir de hoy asumirá las funciones inherentes a su cargo.
La falta de los resultados de la evaluación de control y confianza fue la causa del retraso para que desempeñara su cargo, tras su designación en el mes de noviembre del 2014, por lo que Suro Gutiérrez tendrá la responsabilidad de que la Fiscalía cumpla con sus objetivos, que son:
Impartir procuración de justicia pronta, expedita y eficiente respecto a las denuncias que se reciban sobre delitos electorales, encontrar a los responsables y sancionarlos; así como garantizar la legalidad e imparcialidad en los procesos de elección, entre otros.
