Posicionamiento de Movimiento Ciudadano sobre la consultora López Castro

Los diputados de Movimiento Ciudadano no llegamos al Congreso del Estado para solapar a nadie, ni para proteger a los políticos irresponsables, a los partidos de siempre y a los funcionarios corruptos; llegamos al Congreso para actuar con principios, con congruencia y de cara a los ciudadanos. En torno al caso de la Consultora López Castro, los diputados de Movimiento Ciudadano no tenemos nada que ocultar ni a nadie a quien proteger y no estamos dispuestos a cubrir la corrupción, la irresponsabilidad y la negligencia de otros políticos.

Por ello, el día de hoy denunciaremos a quienes, en el caso de la consultora López Castro, provocaron un desfalco al erario público, a quienes traicionaron la confianza de los ciudadanos y a quienes, con su negligencia, su omisión, su ineptitud y su desdén, sumieron al Poder Legislativo de Jalisco en una grave crisis.

Estamos convencidos que en el caso de la consultora López Castro tenemos que ir al fondo, tenemos que identificar y enfrentar los problemas que guiaron a esta situación que pone en entredicho a las instituciones públicas. Los diputados de Movimiento Ciudadano creemos que se debe castigar a los verdaderos responsables, que se debe investigar el caso y llegar hasta las últimas consecuencias, para que aquellos que provocaron este problema paguen por sus actos.

No estamos ante un caso menor, estamos ante un atentado a la vida pública de Jalisco, estamos ante un asalto al Congreso del Estado de Jalisco, en donde quienes lo administraron en las legislaturas anteriores frente al caso de la consultora López Castro, hicieron todo lo posible para perder los juicios y procesos jurídicos, para desacatar las órdenes judiciales, para renunciar a pelear el caso en los tribunales y, por si fuera poco, para entregarle más dinero a una supuesta consultora.

Nosotros no estamos dispuestos a avalar la impunidad, no estamos dispuestos a tolerar las redes de complicidad, ni la irresponsabilidad de unos pocos que creen que pueden saquear a las instituciones y violar la ley sin consecuencias.

A continuación presentamos una relatoría de hechos del caso López Castro que demuestra que, por acción y omisión varios funcionarios públicos generaron un detrimento al erario público y beneficiaron a un tercero, violando la ley y afectando el patrimonio del Congreso:

1.- A principios del año 2010 la consultora López Castro demandó al Congreso del Estado, reclamando el pago de 42’386,521 pesos, así como de los intereses moratorios por el 5 por ciento mensual, porque como es sabido, en marzo de 2009 la Comisión de Administración y el Secretario General, Alfredo Argüelles de la LVIII Legislatura avalaron un contrato de prestación de servicios con la consultora López Castro, mismo que nunca se liquidó.

2.- El 14 de enero de 2010, el mencionado Secretario General del Congreso en la LVIII Legislatura, reconoció el adeudo con la consultora, y el 27 del mismo mes, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo confirmó el adeudo y expresó la imposibilidad de pago por ser cierre de administración, pero aseguró que sería liquidado con el Presupuesto que se aprobara para ese año.

3.- A través del juicio mercantil presentado por la consultora López Castro, fueron emplazados durante la LIX Legislatura: la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Administración, el Director Jurídico y el Secretario General, todos por tener la representación legal del Congreso.

4.- Una vez emplazado el Congreso comparecieron, el 19 de mayo de 2010, el primer Secretario General de la LIX Legislatura, los integrantes de la Comisión de Administración: Raúl Vargas, Omar Hernández, Enrique Aubry e Isaías Cortés, y los miembros de la Mesa Directiva del Congreso: el mismo Enrique Aubry, Patricia Retamoza y Gustavo Macías.

5.- Posteriormente, el primer Secretario General de la LIX Legislatura, y los integrantes de la Comisión de Administración y la Mesa Directiva, presentaron recursos de apelación contra el auto que admite la demanda, alegando que el proceso mercantil era improcedente y que la naturaleza del litigio era administrativa, por lo que sostuvieron que la instancia competente era el TAE. Este planteamiento jurídico constituyó una inconsistencia jurídica, una irresponsabilidad y un gravísimo error por parte del Congreso del Estado, dado que la demanda de la consultora López Castro fue un Juicio Mercantil Ordinario, bajo el expediente 242/2010-II, ante el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco. Esta inconsistencia fue el primer paso que dio el Congreso del Estado para dar la apariencia de estarse defendiendo de la Consultora López Castro, pero en realidad para comenzar a perder el juicio. 

6.- El 28 de mayo de 2010 la Mesa Directiva del Congreso solicitó al Tribunal Administrativo del Estado copias de los fundatorios para presentar una nueva demanda, mismas que le fueron entregadas el 1 de junio. Esta solicitud del Congreso sugiere que el Poder Legislativo no contaba con los documentos originales, por lo que podríamos estar ante el delito de sustracción de documentos.

7.- Posteriormente, la Comisión de Administración y la Mesa Directiva contestan la demanda y contra-demandan a la consultora López Castro, pero el Secretario General y el Director Jurídico únicamente contestan la demanda, por lo que se evidencia una incongruencia, falta de coordinación y negligencia en la estrategia jurídica del Congreso.

8.- EL MOMENTO CLAVE. El 22 de marzo de 2011 se firma un convenio judicial dando por terminado el juicio de manera voluntaria, actuando por parte del Congreso del Estado, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración, cuyos presidentes eran Enrique Aubry y Raúl Vargas, respectivamente.

Con este convenio renunciaron definitivamente a continuar la estrategia jurídica y a defender los intereses del Poder Legislativo, ya que no esperaron a conocer el fallo definitivo que estaba por emitir el juez mercantil. Con esto se elevó una sentencia ejecutoria que además planteaba obligaciones de pago que excedían por mucho las consecuencias legales de la sentencia: los representantes del Congreso accedieron a pagar no sólo la suerte principal que le fue reclamada por más de 40 millones de pesos, sino intereses mensuales por 5 %, un pago por honorarios profesionales por más de 10 millones de pesos que ni siquiera le fueron reclamados en la demanda inicial y que no tienen ninguna lógica conforme a la ley arancelaria correspondiente, y otros 3 millones de pesos por concepto de gastos y costas que no están documentados ni acreditados. 

Con este convenio, el Congreso del Estado no sólo dio por terminadas todas las acciones y defensas que pudiera emprender, sino que accedió a pagar más de lo que debía, a pagar gastos injustificables y completamente alejados de la lógica de la sentencia a la consultora López Castro. Por eso nos preguntamos, ¿los administradores de la LIX Legislatura defendían los intereses públicos del Congreso o los intereses particulares de terceros?   

9.- Ante esta situación, se formularon diversos y numerosos requerimientos para que el Congreso cumpliera con el convenio judicial ya elevado a sentencia, mismos que el Congreso argumentó no poder cumplir por falta de recursos, pero nunca cuestionó el mencionado convenio judicial que atentaba contras los intereses del Poder Legislativo. 

10.- Finalmente, el 28 de octubre de 2011 se admite la demanda de amparo propuesta por la consultora López Castro ante la imposibilidad de lograr que el juez mercantil realice el efectivo cumplimiento del convenio judicial. Durante este proceso de amparo, los representantes del Congreso del Estado no hicieron absolutamente nada para defender los intereses del Poder Legislativo mediante los procedimientos jurídicos apropiados.

En resumen, la irresponsabilidad, la ineptitud y la falta de compromiso de quienes administraron el Congreso durante las dos legislaturas anteriores, arrinconó al Poder Legislativo en un proceso judicial insostenible, pusieron en entredicho a la institución y comprometieron el interés público para beneficiar a un tercero.

Los administradores del Congreso del Estado, en lugar de realizar estos actos jurídicos inconsistentes, debieron continuar con las defensas jurídicas que ya habían iniciado y estaban en proceso, dejando que el Poder Judicial resolviera el caso hasta sus últimas consecuencias, en lugar de renunciar a su responsabilidad y firmar un convenio completamente desventajoso para el patrimonio del Congreso y con el que simplemente se terminaba el proceso jurídico.  

Los diputados de Movimiento Ciudadano estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de la consultora López Castro. Lo hacemos porque estamos en contra de que se perpetúe la impunidad, lo hacemos porque queremos que se castigue a los verdaderos responsables de un desfalco al erario público, lo hacemos porque Jalisco no se merece más políticos irresponsables e ineptos.

Por ello, hoy presentamos una denuncia penal:

• Contra los ex funcionarios del Congreso del Estado que provocaron, por acción u omisión, el conflicto jurídico con la consultora López Castro, al haber cometido los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, así como los tipificados como delitos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público, de acuerdo a lo señalado en los artículos 152 y 154 del Código Penal del Estado de Jalisco.
• En la denuncia también señalamos el delito de fraude en donde se vincula directamente, además de los funcionarios mencionados, a la empresa Consultores López Castro y Cía. S. A. de C. V, por haber cometido ilícitos en perjuicio del patrimonio del Congreso del Estado, simulando actos jurídicos para obtener ventajas a costa del erario público.     

No es posible que los servidores públicos de nuestro estado actúen de manera irresponsable, negligente, e incluso en franco desacato a la ley, y queden en la impunidad. Los ciudadanos no tienen porqué pagar los platos rotos de los políticos; aquellos que causaron y generaron este desfalco al erario público, tienen que pagar por sus actos, y por ello hacemos un llamado a la Procuraduría General de Justicia para que investigue a fondo la denuncia penal que presentaremos y deslinde responsabilidades lo antes posible.

Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano

Clemente Castañeda

Fabiola Loya

Julio Nelson García

Verónica Delgadillo

Salvador Zamora

LX Legislatura del Congreso de Jalisco

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Comunicación Social
Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano
LX Legislatura