Inicia el PRI Jalisco el proceso de expulsión de 6 ex alcaldes

  

Porque la impunidad es el mayor daño que sufren las instituciones públicas, y porque la actual crisis que se ha generado en el estado de Jalisco entre las relaciones del poder público y la sociedad han llegado a un punto de quiebra, el PRI Jalisco ha tomado la decisión de asumir una agenda de gobierno muy clara y contundente.

Así lo manifestó el delegado especial con funciones de presidente del PRI Jalisco, Eduardo Almaguer, quien recalcó que “esto obliga a reiniciar una nueva etapa del ejercicio del poder público, de la utilización transparente, eficiente y honesta de los recursos públicos”.

De esta manera el PRI Jalisco, dando respuesta al compromiso claro adquirido con la sociedad, inició un procedimiento de suspensión de derechos, que deberá de terminar en su momento con la expulsión de varios de sus miembros, en este caso de 6 ex presidentes municipales.

Eduardo Almaguer hizo un llamado a los demás partidos políticos para que asuman este reto y actúen de igual manera, porque, enfatizó, “esto ya es una demanda generalizada de la ciudadanía, y no veo a ningún otro partido actuar en consecuencia, como lo estamos haciendo nosotros”.

Este martes se turnó a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, para que se inicie el procedimiento en contra de los ex alcaldes de Quitupan: Alfredo Alegandro Gutiérrez Aguilar; el de Juanacatlán: Lucio Carrero García; el de Tecolotlán: Juan León Gil; el de Ocotlán (interino): Juan Carlos Godínez Godínez; el de San Martín Hidalgo: Francisco Javier Guerrero Nuño; y el de Gómez Farías: Alfredo Naranjo López.

“Todo lo anterior con base en la documentación recabada y sustentada, que determina violaron el código de ética partidaria, que estaban obligados a cumplir en el ejercicio de sus funciones, y que no lo hicieron”, señaló Almaguer.

Sobre irregularidades en Tonalá, el máximo dirigente del priismo jalisciense dijo que no hay hasta el momento una queja formal, y recordó que este municipio viene arrastrando administraciones con deudas subsecuentes.

En el caso de Puerto Vallarta, Eduardo Almaguer fue contundente: “Lamento mucho las acciones que ha venido tomando el presidente municipal de manera autoritaria, restándole facultades al cabildo, y que luego en una reunión nacional partidista tome como bandera la entrega-recepción de un municipio tan importante, sin elementos fundatorios, reales, para poder proceder, y meta en una agenda electoral un tema tan importante del ejercicio del poder público. Nosotros no estamos en la agenda electoral del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), si ellos tienen documentadas irregularidades, habrán de proceder ante las autoridades correspondientes, y obviamente nosotros estaremos dándole seguimiento, pero la de ellos no es nuestra agenda, la nuestra es una agenda de gobierno, de compromiso con la transparencia”.

Luego, señaló que “las ejecuciones, escándalos en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo con los Juegos Panamericanos, en el tema del Siapa que no hubo castigos y más irregularidades graves que han desacreditado el trabajo del poder público, todo esto deja una sensación, provocan un sentimiento de indefensión en la ciudadanía frente a estos funcionarios; por eso urge un alto a este ejercicio de la impunidad”.

Hoy le corresponde al PRI, dijo, “y queremos iniciar con militantes priistas que consideramos han violado la ley y por ende nuestros estatutos, y que son ex presidentes municipales que recién terminaron”.

Agregó Eduardo Almaguer que se estará atento y se le dará seguimiento a un tema como el del Congreso del Estado, “que no tenga sólo efectos mediáticos y que al final por falta de documentación no haya sanciones para nadie, y gane de nuevo la impunidad que tanto daño nos ha hecho como sociedad”. Ratificó que apoyarán en todo a su coordinador de la bancada priista en la LX Legislatura, Miguel Castro Reynoso, desechando basificaciones ilegales, así como pagos que no deban hacerse, y acciones administrativas que se hayan tomado fuera de la ley, también se rechazarán.

Hizo además un “llamado respetuoso e institucional” al Gobierno del Estado, a las fuerzas federales, a la Procuraduría y al área de seguridad ciudadana, para que planteen una estrategia en conjunto y en coordinación para cuidar al estado de Jalisco.

Señaló que no hay pretexto para no hacerlo: “Hace poco más de un año se autorizaron mil 500 millones de pesos para seguridad. Se habló de construir unos cuarteles en los límites del estado, se habló de la instalación de cámaras de videovigilancia en la zona metropolitana, se habló de equipamiento para las fuerzas públicas, pero, ¿qué ha pasado?”

Recordó también cómo es que la Procuraduría no ha resuelto las denuncias contra diversos funcionarios que siguen en la impunidad, “que pasaron de presidentes municipales a secretarios del Gabinete, que pasaron de simples directores deportivos a presidente de la organización de unos Juegos (Panamericanos) tan importantes, y a manejar miles de millones de pesos”. Ya es tiempo de actuar, la sociedad no puede esperar más, recalcó.