La
creación de la Comisión Especial
Temporal para el Análisis, Revisión y Cotejo del Patrimonio del Congreso del
Estado, fue aprobada hoy por los legisladores, de manera unánime, en sesión
extraordinaria. Se especifica que de encontrarse irregularidades o
incosistencias, la
Secretaría General procederá conforme a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.
El
acuerdo legislativo de la Junta
de Coordinación Política establece que dicha Comisión estará integrada por los
siguientes diputados: Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, presidente, y
los vocales Salvador Rizo Gastelum, Luis Guillermo Martínez Mora, Edgar Enrique
Velázquez González y J. Jesús Palos Vaca. Suplentes: Julio Nelson García, José
Luis Murguía Cardona y Celia Fausto Lizaola.
Se
instruye a la Secretaría General
del Congreso a que ponga a disposición de la Comisión mencionada los
archivos, información, documentos y bienes que conforman el patrimonio del
Poder Legislativo, para verificar su existencia, estado y funcionamiento.
La Comisión durará hasta la fecha en que sea instalada
formalmente al Comisión de Administración de la LX Legislatura. Asimismo, la Comisión temporal deberá
entregar a la Comisión
de Administración los archivos, documentación y trabajos realizados, una vez
instalada.
Indica
el dictamen que la Comisión
de Administración deberá dar seguimiento y conclusión a los trabajos realizados
por la Comisión Especial,
que cuenta con un plazo no mayor de 30 días para llevarlos a cabo, y dentro de
los cinco días siguientes deberá presentar un informe al Pleno del Congreso,
para su revisión y aprobación.
Si
durante la validación y verificación se detectan irregularidades en los
documentos y recursos recibidos, dentro de un término no mayor de cinco días
hábiles posteriores al cumplimiento del plazo de 30 días, deberá hacerlas del
conocimiento de la asamblea legislativa, a fin de que instruya a la Secretaría General
para que requiera a los servidores públicos salientes y procedan a su
aclaración.
En
la comparecencia, la Secretaría General
se encargará de levantar acta administrativa, en la cual se dejarán asentadas
las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores públicos sobre
las inconsistencias detectadas; de considerarse por parte de la Secretaría General
que no se aclaran irregularidades, ésta procederá a realizar las
investigaciones a que haya lugar y, de resultar que se constituye
responsabilidad, se procederá conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco en vigor.
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