INHABILITACIÓN DE EX SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
También se aprobó en la Comisión de Responsabilidades
iniciar proceso de juicio político en contra del ex Director del CAPECE.
En un
hecho sin precedentes, la Comisión de Responsabilidades aprobó hoy el proyecto
de dictamen que inhabilita a ocupar cargos públicos por un año tres meses, a los
ciudadanos Edgar Santiago Aviña Mejía, María de Jesús Villegas Sotelo, Ana
Bertha Lara Villegas, Irma Guadalupe García Cabrera, Richard Eliud Moreno
Rodríguez, Marco Antonio Mendoza Flores y Fernando Ruiz Serrano, presidente
municipal y regidores de Acatlán de Juárez, en la anterior administración.
La
sanción se debe a que los ex munícipes mencionados se negaron a aceptar la reincorporación
del entonces regidor Albertico Frías Sánchez, quien había solicitado licencia
para separarse de su cargo temporalmente, por lo cual denunció este hecho ante
la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado.
Sobre
este asunto, el Presidente de la Comisión, diputado Juan Carlos Márquez Rosas
dijo que se sienta un precedente, ya que nunca se había decidido en esta
instancia legislativa inhabilitar a ningún servidor público, y aseguró que vendrán
más asuntos importantes en el futuro, para responder a los intereses ciudadanos.
Por su
parte, el diputado vocal Edgar Enrique Velázquez González propuso que la
inhabilitación fuera por cinco años, con el objeto de sancionar con más
severidad a quienes violan de esa manera los preceptos constitucionales y
atentan contra los principios democráticos, a fin de que a ninguna otra
autoridad se le ocurra adoptar posturas de esa naturaleza, pero finalmente se
rechazó la propuesta y quedó en sólo un año tres meses.
INCOACIÓN DE JUICIO POLÍTICO
En la
sesión de trabajo de la Comisión de Responsabilidades, también se votó a favor el
proyecto de dictamen que declara la incoación (inicio) del proceso de juicio
político solicitado por los ciudadanos Salvador Cosío Gaona y Jorge Enrique
Murillo Hernández, en contra del ex Director del General del Comité
Administrador del Programa Estatal para la Construcción de Escuelas (CAPECE),
Salvador Uribe Avín, por haber otorgado contrato de obras y asignaciones
directas sin licitar, beneficiando a amigos y familiares.
DESECHARON SOLICITUDES
Se
desecharon algunas solicitudes de juicio político, como son el caso de la
presentada por Miriam Isabel Magdaleno Vargas en contra del Auditor Superior
del Estado, Alonso Godoy Pelayo, a quien acusó de cometer anomalías en la
compra de un bien inmueble para esa institución, sin aportarse los elementos de
prueba suficientes sobre irregularidades.
Asimismo,
la del ciudadano Gerardo Degollado González contra el magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado, José de Jesús Reynoso Loza, por no excusarse de
conocer de un juicio de inconformidad que presentó; ya que no proceden hechos
hipotéticos que quiso hacer valer.
Otra
desechada fue la de Salvador Cosío Gaona y Jorge Enrique Murillo Hernández, en
contra del ex Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Martín Mendoza
López, por disponer de hasta mil 400 millones de pesos de otras partidas para
el pago a proveedores de los Juegos Panamericanos, debido a que dicho
funcionario únicamente obedeció los acuerdos suscritos por el Ejecutivo del
Estado, excluyéndosele de
responsabilidad.
No
alcanzó la votación suficiente para la incoación del juicio promovido por Juan
Manuel Estrada Juárez, en contra del ex Secretario de Administración del
Gobierno del Estado, José Ricardo Serrano Leyzaola, acusado de comprar a
sobreprecio 39 motoconformadoras de origen chino.
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