El diputado presidente de esta Comisión, Sergio Javier Otal Lobo, reanudó la sesión que había sido recesada para consultar algunas dudas a funcionarios de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), las cuales no fueron plenamente satisfechas, según lo explicaron los diputados Juan Carlos Márquez Rosas, Gildardo Guerrero Torres y Ricardo Rodríguez Jiménez, quienes finalmente votaron en abstención.
Luego de las consideraciones que plantearon los legisladores inconformes, quedó precisado que la renegociación es por un lapso de 25 años, y que también habrá cambios a 400 partidas del Presupuesto, por 204 millones, de los cuales se incrementarán mil 800 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado, para gastos de combustibles, principalmente, lo cual fue más cuestionado por el diputado Rodríguez Jiménez.
En los pronunciamientos que se plantearon en la sesión, los diputados Márquez Rosas y Guerrero Torres coincidieron en que la reestructura que se pretende es casi oculta; no se consideran periodos de gracia; que los 138 millones de pesos que recibirá de manera extra la Fiscalía no se justifican, toda vez que la inseguridad va en aumento; que la deuda está disfrazada de reestructura; no fueron solventadas las dudas y faltan muchos datos para que haya claridad.
Que se trata de una nueva deuda y que lo más recomendable era esperar que la SEPAF enviara más información a la Comisión de Hacienda, a fin de que se esclareciera plenamente el asunto, por lo que consideró el diputado Guerrero Torres que lo conveniente era retirar a la orden del día el dictamen correspondiente.
El diputado Rodríguez Jiménez hizo una exposición más amplia, al examinar cada uno de los artículos incluidos en el dictamen, motivo de dudas, especialmente en cuanto a la modificación de las 400 partidas de diversas dependencias; incrementos o reducciones que no se explicaron plenamente y los 138 millones para la Fiscalía, justificado en la iniciativa como reflejo del aumento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta en Jalisco.
Hizo notar que la intención es gastar los recursos sin justificar los motivos de cambios o reajustes, por lo que insistía en que la SEPAF complementara la información que se les había proporcionado, y mencionó algunos ejemplos, como reducir 20 millones de pesos a los 50 millones que estaban destinados a balizamiento, o el aumento en los montos para viajes y hospedajes con cargo a la Secretaría General de Gobierno, y hasta elevar el gasto en papelería.
Por otra parte, se modificó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, para que ningún presupuesto de egresos contenga partidas en las que se destinen recursos económicos para beneficio personal, ya sea para promoción de la propia imagen; por desvío en actividades no relacionadas con la función desempeñada, o por el destino de los recursos para la adquisición de bienes o servicios no relacionados con el cargo que se desempeña.
También se votaron a favor las reformas a la Ley del Registro Civil del Estado y la Ley de Ingresos del municipio de Tonalá, con el propósito de que la primera acta de nacimiento que se expida, sea gratuita.
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