CONGRESO CONTINÚA DEFENSA LEGAL PARA EVITAR

PAGO AL DESPACHO “LÓPEZ CASTRO”

Adicionalmente se interponen denuncias para deslindar posibles delitos en contra de ex funcionarios del Congreso y representantes de esa consultora

El Congreso del Estado cuenta con argumentos jurídicos y obligación moral para buscar anular el pago de 56 millones de pesos al despacho “López Castro”, expuso el presidente de la Mesa Directiva, diputado Enrique Velázquez  González.

Distintas resoluciones judiciales han ordenado la entrega de dicha cantidad;  sin embargo, a su vez, el Congreso del Estado ha interpuesto recursos jurídicos con los que ha logrado la suspensión de la obligación.

Hoy jueves en sesión extraordinaria, el legislador presentó un informe de la evolución que ha tenido este asunto que implica varios recursos legales, y que comenzó con un juicio mercantil ordinario (expediente 242/2010-II) del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, promovido por Consultores “López Castro” y Cía. S.A. de C.V.

Además de hacer un recuento de este tema, el diputado Enrique Velázquez detalló a la Asamblea que el 28 de agosto de 2013 se presentó ante el Juez Segundo de lo Civil del Fuero Común, la solicitud de una medida cautelar para mantener la “situación de hecho y de derecho existente”, así como garantizar los resultados de una sentencia ejecutoria; misma que fue admitida por encontrarse ajustada a derecho y ordena “reservar los autos para el dictado de la resolución correspondiente”.

Informó también que el 29 de agosto se otorgó la suspensión solicitada y en consecuencia se ordenó girar atentos oficios al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil, para “efecto de que se abstenga de ejecutar los acuerdos tomados en el convenio celebrado por las partes”.

Dato adicional resulta la denuncia que interpuso el diputado Víctor Sánchez Orozco, por el posible delito de peculado, así como otros cometidos en la custodia y guarda de documentos, fraude específico y asociación delictuosa, en contra de quienes resulten responsables y que fueron cometidos en contra de la sociedad y del Congreso.

“Creo que es prudente que todos los diputados estemos enterados de este asunto, que tengan conocimiento que la Mesa Directiva, la Secretaría General y la Dirección Jurídica creemos que tenemos la razón y el compromiso para cuidar el dinero de los jaliscienses”, expuso el diputado Velázquez González.

El diputado Sánchez Orozco  hizo uso de la voz para destacar el trabajo que ha desempeñado el presidente de la Mesa Directiva en este asunto; asimismo, el diputado Alberto Esquer Gutiérrez señaló que la actual Legislatura tiene la responsabilidad de emprender un procedimiento legal, pero también la obligación moral de no validar el pago,  y solicitó además que la Dirección Jurídica del Congreso mantenga permanentemente informados a los diputados respecto a este asunto.

Igual petición presentó el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, quien calificó como “un fraude” la postura y acciones emprendidas por “López Castro”. En tanto el diputado Guillermo Martínez Mora enfatizó que deben sancionarse también los posibles actos irregulares en que hayan incurrido los diputados y funcionarios de legislaturas anteriores.

El legislador Roberto Mendoza Cárdenas, pidió sanción específica para el ex Secretario General Alfredo Argüelles Basave, por haber sido quien firmó el contrato en un principio. El diputado Gildardo Guerrero Torres, expresó que en ese sentido también deberá prestarse atención al actuar de los ex secretarios Carlos Corona Martín del Campo y José Manuel Correa Ceseña, al haber avalado contratos con las empresas Ola Outsourcing y SAE.

El diputado Luis Guillermo Martínez Mora, señaló que los castigos, en caso de proceder, deben realizarse en contra de ex diputados, ex integrantes de la Comisión de Administración y ex coordinadores parlamentarios, todos aquellos que fueron responsables de haber ratificado el convenio en la anterior Legislatura.

Finalmente, la diputada Idolina Cosío Gaona  señaló que le debe quedar claro a la opinión pública que no es la actual Legislatura la responsable de los malos manejos, sino anteriores administraciones las que incurrieron en actos fuera de la ley.